En solo tres meses se definirá la suerte de la agenda legislativa del Gobierno Petro. Por la cantidad de proyectos y por el poco tiempo para debatirlos, algunos se podrían quedar en el camino. El Plan de Desarrollo debe estar listo el 7 de mayo.
El presidente del Senado, Roy Barreras, y el de la Cámara de Representantes, David Racero, han reconocido en varios espacios que el semestre que viene será de suma importancia tanto para el Legislativo como para el gobierno de Gustavo Petro. Lo han denominado el año de las reformas sociales, pues después de unos primeros trámites básicos (paz total, Acuerdo de Escazú, reforma tributaria y la primera vuelta de varias reformas de acto legislativo), al Congreso llegó el grueso de proyectos sobre temas con los que el presidente apalancó su campaña en 2022. Los próximos tres meses serán agitados y hay dudas sobre si los legisladores podrán cumplir con el reto de sacar adelante los proyectos que ya estaban en trámite desde 2022 y los que han aterrizado en los últimos días.
Históricamente, el segundo período legislativo es mucho más agitado que el primero. La razón es simple: la Constitución le dio un menor tiempo de acción. Mientras que el periodo de inicio de sesiones es del 20 de julio al 16 de diciembre (casi cinco meses), la segunda parte de la Legislatura va del 16 de marzo al 20 de junio (poco más de tres meses). Además, normalmente en este trimestre real de sesiones se tienen que sacar adelante los proyectos de acto legislativo que ya dieron una primera vuelta, por lo que se debe dar prelación a estas iniciativas para reformar la Constitución, que tienen que pasar de nuevo por Cámara y Senado y no pueden ser debatidas en sesiones extraordinarias.
En esta ocasión, la complicación es mayor por otra razón: vienen en fila los cuatro actos legislativos a los que el Gobierno le apostó el año pasado (reforma política, jurisdicción agraria, campesinado como sujeto de derechos y legalización de cannabis). Y, como si fuera poco, justo en estos mismos tres meses debe quedar aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta con la que el gobierno de Gustavo Petro gobernará durante estos cuatro años. De hecho, ese proyecto ni siquiera tiene plazo hasta el 20 de junio, sino que debe estar listo el 7 de mayo, por mandato constitucional.
Además, el Gobierno tiene toda la intención de radicar y tramitar en este semestre otras de las propuestas más importantes de su mandato, por lo que se avista un trancón legislativo.
Esta posibilidad se venía materializando desde comienzo de año, por lo que Petro había tomado previsiones y llamó a sesiones extraordinarias para debatir el Plan Nacional de Desarrollo y varios de los proyectos centrales de su gobierno (reforma a la salud y humanización del sistema carcelario, entre otros temas). Sin embargo, el avance en estas sesiones ha sido menor al esperado. El presidente del Congreso sabía que era poco lo que se podía hacer en este mes y medio de extraordinarias, y ya había advertido que no se celebrarían plenarias durante ese tiempo: “Por ahora, creo que nuestra próxima sesión plenaria será, quizás, en un mes. Las comisiones respectivas, por supuesto, arrancan a trabajar desde hoy”. Sin embargo, el ritmo fue mucho menor de lo esperado y ni siquiera se hizo el trámite para que los proyectos más esperados llegaran a plenaria.
Comenzaron las sesiones ordinarias y la Comisión Segunda del Senado apenas aprobó un proyecto: el de las inversiones y protección recíproca con Venezuela. El resto de comisiones tuvieron pocos avances en los proyectos incluidos en el decreto de la convocatoria a sesiones extras. En el caso del Plan Nacional de Desarrollo, las comisiones económicas (terceras y cuartas de Cámara y Senado) tuvieron reuniones muy extensas de trabajo en el Ministerio de Hacienda y apenas este jueves quedó lista la ponencia para primer debate. En cuanto a la reforma a la salud, el bloqueo de los partidos tradicionales hizo que ni siquiera se avanzara en una ponencia y el trámite solo se destrabó esta semana. Tampoco hubo muchos avances en el proyecto de humanización del sistema penal, pues la Comisión Primera se limitó a celebrar audiencias públicas.
De esta forma, el Congreso llegó al 16 de marzo con pocos avances en el trámite de los proyectos destinados a las sesiones extraordinarias y a la vez ya está habilitado para debatir la centena de proyectos que tiene en trámite, por lo que los legisladores deberán hacer malabares para evacuar la agenda. En diálogo con este diario, la secretaría del Senado ya advirtió que se avecina un semestre agitado en comparación con períodos anteriores, “más por lo de las extraordinarias”. Por lo que se tendrá que sesionar de forma juiciosa y sin la posibilidad de tener lapsos muertos.
Además de las reformas que impulsará el gobierno, también están los textos de iniciativa de los congresistas, que también querrán un espacio en la apretada agenda. A todo esto hay que añadirle el afán del Ejecutivo por sacar sus proyectos. Y es que no solo es por mostrar resultados, sino que en la Casa de Nariño saben que este semestre es crucial, puesto que la segunda parte del año es electoral y ya se han comenzado a dar las primeras muestras de fractura en su bancada, por lo que deben aprovechar los momentos en los que aún tienen la maquinaria aceitada. También entran a jugar los intereses de los presidentes de Cámara y Senado. Ambos tendrían aspiraciones electorales: Racero en la Alcaldía de Bogotá y Barreras en una candidatura presidencial para 2026, por lo que también buscarían aprovechar estos tres meses que les quedan en la dignidad para dejar un legado notorio que los posicione. Son muchos los temas e intereses, y apenas tres meses de sesiones. ¡Que comience la contrarreloj! —- El Espectador
Foto: El Empleo
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