Medellín, 28 de junio de 2025 – Un evento político liderado por el presidente Gustavo Petro el pasado 21 de junio en la Plazoleta de La Alpujarra, Medellín, ha generado indignación y debate tras la participación de nueve cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá. Estos líderes, trasladados desde la cárcel de Itagüí, compartieron escenario con el mandatario en un acto enfocado en la “Paz Urbana”, desatando críticas por su presencia y sus demandas de un marco jurídico que les otorgue beneficios a cambio de su sometimiento.
Los asistentes incluyeron a Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom”, líder de Los Mesa, condenado a 16 años por concierto para delinquir y narcotráfico; José Leonardo Muñoz, alias “Douglas”, cabecilla de La Terraza, con 32 años de condena por secuestro y extorsión; y Freyner Ramírez, alias “Pesebre”, sentenciado a 36 años por homicidio agravado. También estuvieron presentes Juan Fernando Álvarez (“Juan 23”), Wálter Jiménez (“El Tigre”), Jorge de Jesús Vallejo (“Vallejo”), Albert Henao (“Albert”), Dayron Alberto Muñoz Torres (“El Indio”) y Juan Camilo Rendón (“El Saya”). Durante el evento, expresaron su intención de acogerse a procesos de paz, pero exigieron un marco legal claro con enfoque restaurativo.
El presidente Petro justificó la participación de estos reclusos, afirmando que son “personas en rehabilitación” y que el diálogo público busca transparencia en la construcción de paz. Propuso que la Fiscalía visite la cárcel de Itagüí para evaluar posibles beneficios jurídicos a cambio de un desarme total, una idea que ha sido señalada como una posible presión sobre el sistema judicial. Petro también afirmó que la disminución de la violencia en Medellín en el pasado se logró mediante pactos entre bandas y políticos, una práctica que, según él, su Gobierno aborda de forma abierta.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó el evento como un “insulto” a las víctimas y una amenaza a las instituciones, acusando a Petro de alinearse con los victimarios. Por su parte, el expresidente César Gaviria rechazó la iniciativa, considerándola un intento de legitimar acuerdos con criminales, en referencia al denominado “Pacto de La Picota”. La senadora Isabel Zuleta, presente en el acto, defendió la participación de los cabecillas, argumentando que estigmatizarlos ignora el fracaso del sistema carcelario en la resocialización.
La ausencia de una ley de sometimiento clara, tras dos años de la política de “Paz Total”, ha intensificado las críticas. Expertos advierten que sin un marco jurídico sólido, estas iniciativas podrían socavar la justicia y el dolor de las víctimas. El evento ha avivado el debate sobre los límites de la reconciliación, la legitimidad de dar voz a condenados por delitos graves y el futuro de la política de paz urbana en Colombia.—Fuente:Revista Semana—
Emisora Fusaonline