Barranquilla, 6 de octubre de 2025 – Un nuevo capítulo de tensiones entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, ha avivado el debate sobre la seguridad en la ciudad. El enfrentamiento, centrado en las estrategias para combatir a las bandas criminales, se intensificó tras acusaciones de Petro sobre presuntos nexos entre empresas de seguridad privada, actores políticos y estructuras delictivas en la capital del Atlántico.
En mensajes publicados en su cuenta de X, Petro cuestionó la efectividad de las medidas de seguridad en Barranquilla, afirmando que “las bandas tienen poder político y electoral” en la ciudad. El presidente señaló que algunas empresas de seguridad privada habrían facilitado escoltas a personas vinculadas al crimen organizado, contando con permisos para portar armas, y relacionó estas redes con actividades como juegos de azar y la protección de intereses en comisiones económicas del Congreso. Además, destacó que los homicidios han disminuido a nivel nacional sin depender de la gestión de la alcaldía local.
Por su parte, Char defendió los avances en seguridad durante su administración. En la inauguración de un nuevo Centro de Atención Inmediata (CAI) en la urbanización Puerta Dorada, el alcalde resaltó una reducción del 56 % en los indicadores de homicidios y crímenes en septiembre, gracias al trabajo conjunto con la Policía Metropolitana, liderada por el brigadier general Edwin Urrego. Char enfatizó que “la ley y la institucionalidad” deben primar sobre cualquier acercamiento con grupos criminales, rechazando propuestas como la polémica “paz urbana” impulsada por el gobierno nacional.
El cruce de declaraciones ocurre en un contexto de alta preocupación por la violencia en Barranquilla. Pese a la reciente tregua anunciada por las bandas conocidas como ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, que estaría vigente hasta enero de 2026, la ciudad ha registrado hechos graves, como la masacre de tres jóvenes en Pinar del Río y el asesinato de una empleada de supermercado por negarse a pagar una extorsión. Estos episodios han generado dudas sobre la efectividad y legitimidad de los pactos con grupos criminales.
Char subrayó el dolor de las víctimas y sus familias, cuestionando la normalización de acuerdos con delincuentes mientras persisten los homicidios. Petro, en cambio, insistió en que las bandas mantienen su poder debido a la tolerancia de ciertos sectores políticos y empresariales, lo que dificulta desmantelar sus estructuras.
La disputa refleja no solo diferencias en las estrategias de seguridad, sino también una pugna política que mantiene a Barranquilla en el centro de la atención nacional, mientras las autoridades locales y nacionales buscan respuestas efectivas para devolver la tranquilidad a la ciudad. – Semana-
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