En un hecho que ha generado controversia y cuestionamientos sobre el manejo de la seguridad presidencial, ocho escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) fueron removidos de sus cargos tras el polémico Consejo de Ministros del pasado 4 de febrero, que fue transmitido en vivo y reveló tensiones internas en el Gobierno de Gustavo Petro. La decisión, comunicada mediante un mensaje enviado a altas horas de la noche, ha dejado a los agentes en el desempleo y ha desatado críticas por la forma en que se gestionó su salida.
Según reveló El Colombiano, los escoltas recibieron un mensaje en sus teléfonos móviles que les ordenaba presentarse a sus respectivas entidades para entregar sus elementos de servicio. El mensaje, enviado por Luis Enrique Ossa, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), indicaba: “Buenas noches, señores. Por directriz de jefatura de Presidencia de la República, los siguientes señores deben presentarse a su respectiva entidad que los contrató para que hagan entrega de sus elementos de servicio”.
Los escoltas afectados, que habían estado vinculados al esquema de protección del presidente Gustavo Petro y su familia durante varios años, expresaron su descontento y aseguraron que no cometieron ninguna falta que justificara su despido. “La mayoría de nosotros estábamos en el esquema del señor presidente Petro desde hace 8, 7 o 5 años. Al inicio de este Gobierno fuimos repartidos en los esquemas de la familia presidencial. Pero estamos muy decepcionados porque no hicimos nada indebido y decidieron sacarnos, no para rotación como dicen, sino al desempleo esperando a ver si nos vuelven a llamar”, declaró uno de los agentes a El Colombiano.
Este episodio se enmarca en un contexto de tensiones internas dentro del equipo de seguridad presidencial, donde se han evidenciado fricciones entre los escoltas de la UNP y los agentes de la Policía Nacional. Según testimonios, los policías habrían sido relegados en favor de escoltas de la UNP, algunos de ellos exmiembros del M-19, lo que ha generado descontento y críticas sobre la preparación de los nuevos integrantes del esquema de protección.
Además, la intervención de Augusto Rodríguez, director de la UNP y hombre de confianza de Petro, durante el Consejo de Ministros, parece haber sido un detonante de la decisión. Rodríguez criticó abiertamente el nombramiento de Armando Benedetti como jefe de despacho presidencial y reveló un escándalo relacionado con la presunta financiación de la campaña de Petro por parte de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, conocido como el zar del contrabando.
La Presidencia, por su parte, ha defendido la medida, asegurando que la remoción de los escoltas fue una decisión autónoma y previamente planificada, sin relación directa con el Consejo de Ministros. Sin embargo, la forma en que se comunicó la decisión, saltándose los protocolos establecidos, ha generado dudas sobre la transparencia y el manejo de la seguridad en la Casa de Nariño.
Este no es el primer episodio que pone en entredicho la gestión de la seguridad presidencial bajo el Gobierno de Petro. En marzo de 2023, un hombre logró ingresar al despacho presidencial con una pistola automática, alegando que quería demostrar fallas en los protocolos de seguridad. Además, en junio del mismo año, más de 30 escoltas del esquema de la primera dama, Verónica Alcocer, fueron removidos, lo que generó denuncias por presunta extralimitación de funciones.
La salida de estos ocho escoltas no solo ha dejado en evidencia las tensiones internas en el equipo de seguridad, sino que también ha levantado interrogantes sobre la estabilidad y la gobernabilidad del Gobierno de Petro, en un momento en que el país enfrenta desafíos urgentes en materia de seguridad y economía.
Mientras tanto, los escoltas removidos esperan una respuesta sobre su futuro laboral, en medio de un clima de incertidumbre y desconfianza hacia las decisiones que se toman en la Casa de Nariño. —el Colombiano—
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