Popayán, 28 de junio de 2025 – La revista Semana ha destapado detalles inéditos sobre el secuestro de 57 militares en el Cañón del Micay, en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, Cauca, ocurrido el pasado 21 de junio. Según información obtenida por inteligencia militar, el acto fue orquestado por la estructura Carlos Patiño, una disidencia de las FARC liderada por alias Iván Mordisco, con el objetivo de enviar un mensaje intimidatorio al Gobierno nacional. Los responsables directos serían alias Kevin, alias Zamora (Jhon Alexánder Jiménez Marín) y alias Giovanny, quienes planearon una acción que incluía desviar a los militares a una zona boscosa en Huisitó para un posible ataque o masacre.
El secuestro comenzó cuando un pelotón de 31 militares fue retenido el sábado 21 de junio durante una operación para capturar a un integrante de la disidencia en la vereda La Hacienda, El Tambo. Al día siguiente, un segundo grupo de 26 uniformados fue interceptado, completando los 57 secuestrados, en una asonada que involucró a unos 200 civiles, presuntamente manipulados por la estructura criminal. Según fuentes militares, los disidentes instrumentalizaron a la población local, obligándolos a participar bajo amenazas, para obstaculizar las operaciones del Ejército en esta zona estratégica para el narcotráfico.
La operación de rescate, bautizada como “Justicia”, fue ejecutada el 23 de junio por la Tercera División del Ejército Nacional y la Policía, logrando la liberación de los 57 uniformados —cuatro suboficiales y 53 soldados— sin un solo disparo. Durante el operativo, se capturaron en flagrancia a más de 20 personas, aunque la Fiscalía ordenó posteriormente su liberación por considerar que las capturas no cumplían con los requisitos legales de flagrancia. No obstante, estas personas siguen vinculadas a la investigación para determinar su grado de responsabilidad.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó la efectividad de la operación y rechazó el uso de civiles como escudos humanos, señalando que “atacar a un militar es atacar al Estado”. Por su parte, el presidente Gustavo Petro atribuyó el hecho a la debilidad de los grupos disidentes, que recurren a campesinos desarmados para enfrentar a la Fuerza Pública, y vinculó a la estructura Carlos Patiño con una supuesta “Junta del narcotráfico” con sede en Dubái.
La senadora María Fernanda Cabal presentó una denuncia ante la Fiscalía, exigiendo que los responsables sean judicializados por secuestro y terrorismo, subrayando que estos actos reflejan el avance del control territorial de los grupos armados ilegales. La Procuraduría también condenó el secuestro y respaldó la labor de la Fuerza Pública, exigiendo mayor presencia estatal para proteger a las comunidades del Cañón del Micay, una región clave para el narcotráfico con salida al Pacífico.
El evento ha reavivado el debate sobre la estrategia de “Paz Total” del Gobierno Petro, la instrumentalización de civiles por parte de grupos armados y la necesidad de una acción contundente para recuperar el control en zonas dominadas por las disidencias. Mientras tanto, las Fuerzas Militares mantienen su despliegue en la región, comprometidas con restablecer la seguridad y evitar nuevos episodios de violencia.—Fuente:Revista Semana—
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