A 15 meses de que termine el gobierno de Petro, Cedetrabajo presenta un análisis que revela el deterioro de la economía colombiana: desindustrialización, déficit fiscal creciente, reformas incoherentes y pérdida de rumbo. El modelo actual se sostiene sobre deuda, consumo e improvisación, mientras se diluyen las promesas de cambio.
La economía del país atraviesa una tormenta sin precedentes, marcada por la incertidumbre económica internacional derivada del conflicto comercial entre Estados Unidos y China, así como por la creciente inestabilidad institucional interna.
La guerra comercial impulsada por Donald Trump contra China tomó por sorpresa a la economía colombiana, altamente dependiente de ambos mercados, y se suma a un contexto interno de desgobierno: no hay ministro de Comercio ni director de Planeación, y los principales programas del gobierno —como el Plan Nacional de Desarrollo, la reindustrialización, la reactivación económica, la hoja de ruta de la transición energética y la promoción del turismo— han sido abandonados.
Por el contrario, la agenda del Ejecutivo ha estado marcada por una retórica populista y por reformas inciertas, confusas, desfinanciadas e incoherentes en materia de salud, pensiones, trabajo, educación y desarrollo agrario, las cuales no abordan de forma sustancial las causas de los problemas estructurales en estos sectores.
Durante los meses restantes de mandato, el gobierno ha decidido centrar sus esfuerzos en promover una consulta popular, tras el hundimiento de la reforma laboral. Sin embargo, el presidente Petro no cuenta con mayorías en el Congreso, lo que complica la viabilidad de dicha consulta. Además, en caso de llevarse a cabo, el Congreso no estaría obligado a implementar lo que eventualmente se apruebe.
En este contexto, la inviabilidad de la consulta popular sugiere que está siendo utilizada como mecanismo para organizar comités de campaña de cara a la contienda electoral de 2026 y como cortina de humo para desviar la atención de los constantes escándalos de corrupción y tráfico de influencias, que se acercan cada vez más al entorno íntimo del primer mandatario.
En materia de seguridad, los resultados han sido decepcionantes: el llamado «acuerdo nacional» y la propuesta de “Paz total” no han producido resultados concretos, mientras las organizaciones al margen de la ley se fortalecen y aumenta la percepción de inseguridad. Petro también ha protagonizado conflictos con autoridades locales, como las de Bogotá y Medellín.
Contexto internacional
En el ámbito internacional, la política exterior del gobierno ha sido ambigua, poco relevante y marcada por el populismo, como lo evidencia la carta del excanciller Álvaro Leyva y la proliferación injustificada de nuevas embajadas, nombramientos y viajes oficiales. La hoja de ruta en materia de comercio exterior no pasó de ser una serie de anuncios.
No se diversificaron ni la canasta exportadora ni los mercados, no se renegociaron los tratados de libre comercio y la inversión extranjera en sectores como energías limpias, agroindustria o manufactura fue marginal. En cambio, persiste la dependencia de productos tradicionales como el petróleo, el carbón, el oro, el café, las flores y el banano en las exportaciones. El déficit comercial se amplió y la falta de coordinación entre ministerios dejó la política exterior en el papel. La promesa de un enfoque hacia el Sur Global y de un multilateralismo activo se redujo a discursos, sin avances concretos en la integración con Asia, África o América Latina.
Impacto de las medidas arancelarias de EE. UU. en la economía colombiana
La política comercial de Estados Unidos bajo la administración Trump amenaza con profundizar los desequilibrios estructurales de Colombia. Aunque las exportaciones tradicionales de petróleo y carbón —que representan el 35 % del total enviado a EE. UU.— mantendrán su acceso preferencial, los sectores con mayor valor agregado, como los alimentos procesados (15 %) y las manufacturas (9 %), enfrentarán barreras arancelarias que reducirán su competitividad. Este escenario podría acelerar la reprimarización de la economía, relegando los esfuerzos por diversificar la producción.
El efecto dominó sería considerable: el encarecimiento de insumos industriales importados —como maquinaria, productos químicos y componentes— aumentará los costos de producción local, mientras la posible sobreoferta global de manufacturas chinas, desviadas por las restricciones estadounidenses, podría inundar el mercado colombiano con productos baratos. Esta combinación afectará a la industria nacional y profundizará el proceso de desindustrialización.
El contexto ya es frágil: en 2024, el déficit comercial de Colombia alcanzó los 10.800 millones de dólares estadounidenses (equivalente al 70 % de sus reservas internacionales), con desbalances críticos frente a China (–12.391 millones de dólares) y la Unión Europea (–2.970 millones de dólares).
Aunque existen superávits con socios andinos como Ecuador y Perú, estos no compensan la alta dependencia de importaciones estratégicas. Paradójicamente, el tratado de libre comercio con EE. UU. —cuyas reglas se ven vulneradas por los nuevos aranceles y que ya implica para Colombia un déficit anual superior a los 1.100 millones de dólares— podría debilitarse aún más, ya que Washington utiliza estas medidas como herramienta de presión en negociaciones extracomerciales, como migración y lucha contra el narcotráfico.
El resultado es un círculo vicioso: menor capacidad exportadora de bienes con valor agregado, mayor vulnerabilidad externa y más presión sobre unas cuentas fiscales ya deterioradas.
Situación fiscal
Lo que más preocupa a los inversionistas es la inestabilidad de las cuentas públicas, derivada de la caída en la actividad económica, la reducción de los ingresos del Estado y el incontrolable e injustificado gasto burocrático.
Las advertencias del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, los llamados de atención del Fondo Monetario Internacional y las alertas de diversos centros de pensamiento —como Cedetrabajo, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y Fedesarrollo, entre otros— confirman que, de no corregirse el rumbo, la crisis será inevitable.
La situación fiscal del país evidencia un deterioro significativo, que supera las proyecciones iniciales. Durante 2024, el déficit del gobierno central alcanzó el 6,8 % del producto interno bruto, lo que representa un aumento considerable frente al 4,3 % registrado el año anterior. Esta cifra implica un desvío de 1,2 puntos porcentuales respecto a las metas establecidas en el marco fiscal de mediano plazo.
Este desbalance se debe, principalmente, a que la recaudación tributaria fue inferior a lo proyectado y, además, el gasto público superó los límites previstos, a pesar de que se implementaron medidas de ajuste hacia finales de 2024. Adicionalmente, las restricciones de liquidez provocaron una acumulación de obligaciones pendientes equivalentes al 2,8 % del PIB, las cuales están siendo atendidas durante el presente ejercicio fiscal, lo que genera presión sobre los recursos disponibles para 2025. La única fuente sostenible de ingresos sería la reactivación del aparato productivo.
Trasladar los problemas en lugar de resolverlos
Para cubrir estos desbalances, el gobierno ha adoptado una peligrosa lógica de corto plazo: en lugar de corregir los desequilibrios estructurales, recurre a maniobras contables que trasladan las dificultades hacia el futuro.
El ejemplo más claro es el anticipo de retenciones tributarias originalmente previstas para 2026, que serán aplicadas en 2025 para cubrir el déficit inmediato. Esta operación, valorada en 11,9 billones de pesos según Fedesarrollo, equivale a una reforma tributaria encubierta —implementada por decreto, sin debate legislativo— que simplemente posterga el problema.
La ironía es evidente: el propio presidente Petro calificó como un “error” una medida similar adoptada en 2023, responsabilizando a su entonces ministro Ocampo. Hoy repite el mismo esquema, agravado por un rezago presupuestal de 45 billones de pesos —según el FMI— en pagos pendientes a contratistas, que podrían escalar hasta $ 70 billones al cierre del año. Estos pasivos, al trasladarse a 2026 bajo la figura de “reservas de apropiación”, crearán un hueco fiscal de igual magnitud en el próximo presupuesto nacional.
La deuda aprieta
El deterioro de las cuentas fiscales ha impactado directamente el nivel de endeudamiento del país. Al cierre de 2024, la deuda pública bruta alcanzó el 61,3 % del PIB, superando con holgura el ancla fiscal del 55 % fijada como límite prudencial. Este aumento obedece tanto al crecimiento de los déficits como a la depreciación del peso, que encarece el servicio de la deuda externa y eleva su peso relativo en las finanzas públicas.
Como resultado, los mercados han reaccionado con desconfianza: los diferenciales de riesgo de Colombia se han ampliado de forma considerable en comparación con los de otras economías emergentes, incluso aquellas igualmente afectadas por el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales. La percepción de una política fiscal poco creíble, sumada a señales de desorden institucional y falta de dirección económica, ha llevado a los inversionistas a exigir mayores primas por riesgo, encareciendo así el acceso al crédito externo.
El peso de la deuda sobre las finanzas públicas no deja de crecer. En 2025, el gobierno destinará más recursos al servicio de la deuda que a la inversión pública, lo que evidencia una estrategia insostenible. Ninguna economía puede aspirar a sanear sus pasivos si destina más al pago de intereses que al fortalecimiento de su capacidad productiva. Peor aún, el modelo económico actual se sostiene en gran medida sobre el consumo privado, cuya expansión ha sido impulsada por el endeudamiento de los hogares y una política fiscal procíclica que ha privilegiado el gasto corriente por encima de la inversión.
Entre 2019 y 2024, mientras la economía creció un 13,1 % en términos reales, el consumo privado aumentó un 23,1 %, pero la inversión se redujo en un 10,7 %. La estructura del crecimiento se ha desplazado hacia sectores de bajo impacto productivo, como los servicios, mientras que actividades estratégicas como la industria y la construcción acumulan más de un año y medio de caídas continuas. Este desequilibrio refuerza la dependencia del endeudamiento para sostener el crecimiento, generando un círculo vicioso: baja inversión, menor capacidad para generar valor agregado y mayor necesidad de financiamiento externo.
Sin un giro hacia un modelo de crecimiento basado en la inversión y la transformación productiva, la deuda no solo seguirá siendo una carga fiscal, sino también un obstáculo estructural para el desarrollo económico del país.
Desindustrialización
La inversión en capacidad productiva es esencial para romper el círculo vicioso de bajo crecimiento, alto endeudamiento y deterioro fiscal. Sin embargo, Colombia avanza en la dirección contraria: el proceso de desindustrialización se profundiza, debilitando los fundamentos de la economía real y limitando su capacidad para generar empleo y valor agregado.
El desempeño del aparato productivo es preocupante: en 17 de los últimos 24 meses, las actividades manufactureras y de construcción han registrado tasas anuales negativas de crecimiento. El promedio de contracción en estos sectores durante los últimos dos años fue del -2,1 %, y en 2024 la industria retrocedió un -0,9 %. Entre enero y febrero de 2025, la caída promedio fue del -1,3 %, confirmando la tendencia descendente.
A su vez, las actividades primarias —como la agricultura y la minería— también han registrado retrocesos, con una contracción anual del -1 % en febrero de 2025. En contraste, el crecimiento económico se ha concentrado en sectores no transables o de bajo impacto en productividad, como el sector público, el entretenimiento y los servicios financieros. Aunque los servicios muestran crecimiento, este no compensa el deterioro de los sectores estratégicos para la transformación productiva y la creación de riqueza.
Este proceso ha transformado profundamente el mercado laboral. La industria manufacturera ha perdido participación como generadora de empleo en la economía colombiana. Actualmente, el comercio es la principal fuente de ocupación en el país, con cerca de 4 millones de trabajadores (17,6 % del empleo total), seguido por las actividades agropecuarias, que emplean a 3,3 millones de personas (14,2 %), y el sector de administración pública, salud y educación, con 2,8 millones de ocupados (12 %). La industria manufacturera, en cambio, ocupa aproximadamente a 2,5 millones de personas, lo que representa apenas el 10,7 % del total, con una participación que ha disminuido de forma sostenida en las últimas décadas.
A ello se suma un fenómeno inquietante: la caída en la proporción de ocupados como empleadores, que pasó del 5 % en 2012 al 2,6 % en 2024. Esta contracción refleja una destrucción significativa del tejido empresarial, especialmente en el segmento de pequeñas y medianas empresas, lo que impacta negativamente la generación de valor agregado, innovación y empleo de calidad.
Además, la economía colombiana está empleando a menos personas en términos relativos. La Tasa Global de Participación (TGP) —que mide el porcentaje de personas en edad de trabajar (15 años o más) activas en el mercado laboral— ha disminuido del 68 % registrado en 2012 al 64,7 % en lo corrido de 2025. Esta caída sugiere que una proporción creciente de la población está quedando excluida del mercado laboral, lo cual debilita aún más el potencial productivo del país y limita su capacidad para generar un crecimiento inclusivo.
Este patrón de crecimiento desequilibrado —sustentado en el consumo y los servicios, con un marcado rezago industrial— refleja una economía que pierde capacidad para generar valor y autonomía. Sin una política decidida de reindustrialización, el país continuará atrapado en un modelo primario-exportador y vulnerable frente a choques externos.
Inflación
La inflación general detuvo su tendencia descendente en marzo de 2025, al ubicarse en un 5,1 % interanual. Este resultado es consecuencia de una política monetaria marcadamente restrictiva, que logró contener la escalada de precios posterior a la pandemia, aunque a costa de frenar el dinamismo económico.
Sin embargo, este alivio podría ser transitorio, además de haber limitado la recuperación económica del país. En las últimas semanas han surgido señales preocupantes de nuevas presiones inflacionarias, originadas principalmente en el contexto internacional.
Las tensiones comerciales derivadas de las políticas arancelarias del gobierno de Donald Trump, sumadas a otros focos de conflicto geopolítico, han generado incertidumbre en los mercados de bienes e insumos, elevando los riesgos sobre los precios de alimentos, combustibles y productos importados.
En este escenario, las presiones inflacionarias podrían afectar con fuerza a la economía colombiana si coinciden choques externos adversos con una depreciación del tipo de cambio.
Tasa de interés
En este contexto de incertidumbre, el Banco de la República ha optado por mantener una postura cautelosa frente a las presiones que enfrenta la economía nacional. Aunque las condiciones internas podrían justificar un recorte gradual de las tasas de interés para estimular la actividad económica, la autoridad monetaria se ve condicionada por el comportamiento de los mercados financieros internacionales, en particular por las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
El análisis del Banco parte de la premisa de que, si la Reserva Federal mantiene tasas elevadas y Colombia decide reducirlas de forma agresiva, se incrementa el riesgo de una fuga de capitales. Esta salida de recursos presionaría el tipo de cambio, generando una devaluación del peso que, a su vez, se trasladaría a los precios internos mediante el encarecimiento de las importaciones.
Adicionalmente, la nueva conformación de la Junta Directiva del Banco representa un factor adicional de incertidumbre, en un momento en que el equilibrio entre control inflacionario, estabilidad financiera y reactivación económica se vuelve cada vez más delicado. Los próximos meses serán decisivos para evaluar si el Emisor logra mantener su credibilidad mientras ajusta su estrategia ante un entorno externo cada vez más volátil. — Por: Cedetrabajo—
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