La Defensoría del Pueblo de Colombia ha declarado que la pobreza no es solo una carencia económica, sino una violación estructural de los derechos humanos, instando al Gobierno Nacional a implementar respuestas urgentes y sostenibles para combatirla. Esta postura redefine la pobreza como una afrenta a la dignidad y a los derechos fundamentales, equiparando la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales con los civiles y políticos.
El pronunciamiento destaca que la pobreza afecta de manera desproporcionada a ciertos grupos, especialmente a las mujeres, evidenciando una marcada feminización de la pobreza. Según la Defensoría, los hogares encabezados por mujeres enfrentan una brecha de 7,7 puntos porcentuales en pobreza monetaria en comparación con los liderados por hombres, debido a barreras en el acceso al empleo formal, la educación y la propiedad. Asimismo, la niñez, particularmente en comunidades indígenas, sufre gravemente, con un 29,6 % de retrasos en talla por desnutrición.
La entidad también señaló que las brechas entre la educación pública y privada perpetúan la pobreza, especialmente en zonas rurales y comunidades étnicas, por lo que urgió a priorizar la erradicación del analfabetismo como un objetivo nacional.
Según el DANE, la pobreza monetaria en Bogotá cayó 4,6 puntos porcentuales entre 2023 y 2024.FOTO:SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL.
Llamado a la acción y cooperación internacional
La Defensoría convocó a organizaciones sociales, al Gobierno, a la Cancillería y al Congreso a formar mesas técnicas para impulsar la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este mecanismo permitiría a los ciudadanos denunciar violaciones de estos derechos ante un comité de la ONU, fortaleciendo su protección.
Además, datos del DANE reflejan avances locales, como la reducción de 4,6 puntos porcentuales en la pobreza monetaria en Bogotá entre 2023 y 2024, gracias al rediseño de transferencias monetarias distritales, que disminuyeron 1,9 puntos la pobreza monetaria y 1,2 puntos la pobreza extrema.
Con este enfoque, la Defensoría enfatiza que superar la pobreza no es un acto de caridad, sino una obligación del Estado para garantizar una vida digna a todos los colombianos. – El Tiempo-
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