Un juez en Bogotá enfrenta una investigación tras tomar la controvertida decisión de liberar a nueve personas acusadas de pertenecer a la banda conocida como “Los Rolex”, un grupo señalado por múltiples robos violentos dirigidos específicamente a relojes de lujo en Bogotá y otras ciudades. La banda está acusada de sustraer más de 600 millones de pesos en artículos de alto valor, empleando armas para intimidar a sus víctimas.
Tras una investigación policial que duró diez meses, trece individuos fueron capturados y enfrentaron cargos por delitos como concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, receptación y tráfico de estupefacientes. Sin embargo, la determinación del juez de liberar a nueve de ellos —enviando a solo uno a prisión y otorgando arresto domiciliario a otros dos— ha generado una ola de críticas.
La decisión ha sido recibida con fuerte rechazo desde diversos sectores. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su desacuerdo, argumentando que la historia de violencia de la banda y las pruebas presentadas por la Fiscalía justifican su permanencia en custodia. Galán ha respaldado el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía para intentar revertir el fallo del juez.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha iniciado una investigación sobre la conducta del juez para determinar si hubo irregularidades en el proceso de toma de decisión. Este proceso se da en medio de un creciente malestar público y preocupaciones de las autoridades sobre los riesgos que podrían representar los liberados.
Además, una nueva víctima ha denunciado haber sido blanco de la banda en un incidente reciente, lo que ha avivado aún más la indignación ciudadana. Este caso ha puesto de relieve las persistentes inquietudes sobre la seguridad en Bogotá y los retos que enfrenta el sistema judicial para combatir el crimen organizado.
La banda “Los Rolex”, bautizada así por su enfoque en robar relojes de lujo, habría operado no solo en Bogotá, sino también en Medellín y otras ciudades de Colombia. Sus actividades han causado pérdidas económicas significativas y representan una amenaza considerable para la seguridad pública.
Mientras avanza la investigación sobre la decisión del juez, tanto las autoridades como la ciudadanía siguen de cerca los acontecimientos, con muchos exigiendo medidas más estrictas para garantizar que liberaciones como esta no socaven los esfuerzos por frenar la delincuencia en la capital. —Caracol Radio–
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