El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) dio a conocer un documento que confirma que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, autorizó directamente la salida de nueve reconocidos cabecillas criminales de la cárcel de alta y media seguridad La Paz, en Itagüí, para participar en un evento en la Plaza de La Alpujarra, Medellín, el pasado 21 de junio de 2025. Este hecho, que generó controversia en diversos sectores políticos y sociales, fue parte de un proceso de diálogo sociojurídico impulsado por el Gobierno Nacional.
Según el informe del Inpec, divulgado por Blu Radio, los internos fueron designados por la Presidencia de la República como voceros oficiales de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto en Medellín y el Valle de Aburrá. Las resoluciones 139 del 29 de mayo de 2023 y 094 del 8 de abril de 2025, emitidas por la Presidencia, respaldan esta designación. Además, el documento aclara que no fue necesaria la autorización de un juez para permitir la salida temporal de los reclusos, ya que se enmarcó en las facultades otorgadas al Gobierno para estas conversaciones.
El operativo de traslado, ejecutado el 21 de junio, comenzó a las 12:35 horas desde el centro penitenciario La Paz, con el apoyo de la Policía Nacional. Los nueve internos fueron trasladados a una carpa individual cerca de la tarima principal en La Alpujarra, bajo estricta vigilancia y sin contacto con el público. A las 17:40 horas, por instrucción de la Presidencia, se les permitió subir a la tarima, y tras finalizar el evento a las 21:15 horas, regresaron a la cárcel, ingresando nuevamente a las 22:10 horas.
La senadora del Pacto Histórico juegó un rol clave en la salida y traslado de los convictos desde la cárcel de Itagüí hasta la Plaza de La Alpujarra de Medellín – crédito Colprensa – Presidencia
El documento también destaca el rol de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta López, quien fue designada mediante la Resolución 452 de 2024 como coordinadora del Gobierno para facilitar estas conversaciones sociojurídicas. Zuleta tuvo la responsabilidad de gestionar los actos necesarios para el traslado y participación de los internos en el evento.
Los nueve cabecillas presentes en el evento
El Inpec identificó a los nueve reclusos que participaron en el acto, todos ellos condenados por delitos graves y vinculados a estructuras criminales de alto impacto en Medellín y el Valle de Aburrá:
- Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom Chatas, cabecilla de La Oficina, con una condena de 16 años por concierto para delinquir, lavado de activos, porte ilegal de armas y uso de documento falso.
- José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, condenado a 32 años por secuestro extorsivo y concierto para delinquir agravado.
- Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo, con una condena de 14 años por concierto para delinquir agravado.
- Walter Alonso Roman Jiménez, alias El Tigre, condenado a 7 años por concierto para delinquir agravado, homicidio, extorsión, tráfico de estupefacientes y desplazamiento forzado.
- Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias El Compa, con una condena de 6 años y 5 meses por concierto para delinquir agravado.
- Freyner Alonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, con condenas de 9 y 36 años por concierto para delinquir agravado y extorsión.
- Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23, condenado a 15 años por desplazamiento forzado, concierto para delinquir agravado y extorsión.
- Elder Darbey Zapata Rivera, alias Grande Pa, con una condena de 7 años por tráfico de estupefacientes, secuestro, tortura y homicidios.
- Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio, condenado a 9 años por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.
Contexto y críticas
El evento en La Alpujarra, donde el presidente Petro defendió su política de Paz Total, desató fuertes críticas por la presencia de estos cabecillas, considerados responsables de gran parte de la criminalidad en Medellín. La decisión de incluirlos en un espacio público generó cuestionamientos sobre los procedimientos y los objetivos de las conversaciones sociojurídicas impulsadas por el Gobierno.
El Inpec enfatizó que el traslado cumplió con todos los protocolos de seguridad, y los internos estuvieron bajo vigilancia constante durante el evento. Sin embargo, la polémica persiste en torno a la participación de estos reclusos en un acto público y la designación de roles oficiales en el marco de las negociaciones con el Gobierno.—Infobaee —
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