Una polémica demanda ha generado revuelo en Colombia tras conocerse que el ciudadano Carlos Alberto Sánchez Grass, en representación de la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia y del Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares y Policía, solicitó la pérdida de investidura del senador Miguel Uribe Turbay. La acción judicial, presentada el 25 de junio de 2025, acusa al congresista de realizar actividades proselitistas el pasado 7 de junio, día en que sufrió un atentado que lo mantiene en estado crítico.
Según el demandante, Uribe Turbay incurrió en una violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en el artículo 183 de la Constitución Política, al participar en actos de precampaña política mientras ejercía su cargo como senador. El documento señala que dichas acciones, presuntamente respaldadas por fotos y videos, habrían derivado en el atentado contra su vida, aunque no lo eximen de responsabilidad. “El senador actuó generando las consecuencias de su ataque”, afirmó Sánchez Grass, quien también sostiene que Uribe se valió de su posición para obtener ventajas políticas indebidas.
Según Grass, Miguel Uribe actuó generando las consecuencias de su ataque. FOTO:EL TIEMPO
La demanda, que ha circulado ampliamente en redes sociales, cita los artículos 54 y 55 de la normatividad colombiana, los cuales prohíben a los servidores públicos participar en actividades políticas mientras ejercen sus funciones, y el artículo 40, que califica como falta gravísima el uso del cargo para favorecer intereses políticos propios o de terceros. Sánchez Grass solicita formalmente la pérdida de investidura ante La Nación, el Congreso de la República y el propio senador.
La acción judicial ha desatado una ola de indignación en diversos sectores, que consideran la demanda inoportuna dado el estado de salud del senador. Miguel Uribe, miembro del Centro Democrático y precandidato presidencial, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Según el último reporte médico del 24 de junio, su condición es grave, con un pronóstico neurológico reservado, aunque ha entrado en una fase subaguda tras 16 días de evolución, lo que indica una desescalada en su estado crítico.
Por ahora, se espera una respuesta oficial de las autoridades competentes y mayores detalles sobre la investigación del atentado y el proceso de la demanda. La situación ha generado un amplio debate sobre la responsabilidad de los congresistas y el uso de sus cargos en actividades políticas, mientras el país sigue atento a la recuperación de Uribe Turbay.—Con información de EL TIEMPO—
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