Protestas en campos Rubiales y Caño Sur exigen restitución de tierras y cumplimiento de acuerdos; UTIPEC denuncia intimidación a trabajadores y paralización de operaciones.
Puerto Gaitán, Meta — 1 de abril de 2025
Comunidades indígenas de los resguardos El Tigre y Alto Unuma irrumpieron este lunes en las instalaciones de los campos petroleros Rubiales y Caño Sur, operados por Ecopetrol en Puerto Gaitán, Meta. La petrolera confirmó el ingreso irregular de manifestantes, quienes exigen el reconocimiento de territorios ancestrales y el cumplimiento de acuerdos previos con la empresa .
La protesta, que incluye bloqueos en vías internas desde el 28 de marzo, ha llevado a la suspensión parcial de operaciones en estos campos, responsables del 18.7% de la producción nacional de crudo (140,000 barriles diarios) . Según Ecopetrol, los manifestantes obligaron a apagar equipos en el PAD 6 de Rubiales y el Centro de Generación Caño Sur, poniendo en riesgo la seguridad de trabajadores y el medio ambiente .
La Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera (UTIPEC) denunció que las acciones violentas —como la expulsión de operarios durante labores de alta peligrosidad— vulneran derechos fundamentales. Alejandro Ospina, presidente del sindicato, señaló que cerca de 3,800 contratos laborales están en riesgo y comparó la situación con el conflicto de 2023 en Caquetá, donde hubo muertes y cierre de operaciones .
UTIPEC criticó la “pasividad” del Gobierno nacional frente a la crisis, exigiendo intervención para garantizar el orden público y el diálogo . Mientras tanto, líderes indígenas se desplazaron a Bogotá para sumarse a una minga nacional que reclama atención a sus demandas históricas .
La petrolera reiteró su disposición a negociar, pero rechazó las “vías de hecho” que afectan la operación y la seguridad. Aseguró que mantiene compromisos ambientales, como la reducción de emisiones de CO₂, pero la protesta amenaza sus metas productivas .
Este no es un hecho aislado: en 2020, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) ya alertaba sobre tomas violentas en la zona, con riesgos similares . Además, organizaciones como la FIDH han documentado impactos ambientales y sociales de la industria en territorios indígenas, incluyendo contaminación y sismos vinculados a la reinyección de aguas residuales .
Las partes esperan reiniciar negociaciones en los próximos días, mientras el Meta enfrenta una tensa calma entre el derecho a la protesta y la estabilidad económica de una región petrolera clave. —Caracol Radio—
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