Bogotá, 7 de noviembre de 2025 – Cuarenta años han transcurrido desde aquel amanecer fatídico del 6 de noviembre de 1985, cuando el Palacio de Justicia, símbolo supremo de la equidad en Colombia, se convirtió en un coliseo de horror y llamas. No fue solo una toma guerrillera; fue un holocausto urbano, un cataclismo de balas, fuego y olvido que dejó un saldo de más de 100 muertos –incluidos once magistrados de la Corte Suprema– y un país herido en lo más profundo de su alma institucional. Hoy, en el aniversario de esta tragedia, revivimos la narrativa de un día que Colombia no olvida, pero que aún cuestiona: ¿fue justicia, venganza o un error garrafal del Estado?
Imaginemos la escena: las 11:30 de la mañana. Un convoy de camiones de mudanzas, disfrazados de rutina, irrumpe en la Plaza de Bolívar. De su interior emergen 35 comandos del M-19, el Movimiento 19 de Abril, guerrillas urbanas nacidas de la indignación por el fraude electoral de 1970. Armados hasta los dientes –fusiles, granadas, ametralladoras– y liderados por el carismático Bernardo Jaramillo Ossa (alias “El Flaco”), irrumpen en el Palacio como un vendaval revolucionario. No vienen a destruir por destruir; exigen un juicio popular contra el presidente Belisario Betancur por su “traición” a los acuerdos de paz, y la libertad de sus compañeros presos. Tomados como rehenes: empleados judiciales, visitantes y, en el corazón del edificio, los nueve magistrados de la Sala Constitucional que, en un acto de audacia, se declaran en sesión permanente para mediar.
El pulso de la ciudad se acelera. Bogotá, una capital de contrastes –de cafés humeantes y protestas callejeras–, se paraliza. Radios y periódicos improvisan coberturas frenéticas: “¡Guerrilleros toman la Corte Suprema!”. El gobierno, acorralado, declara estado de sitio. Betancur, un presidente de verbo conciliador pero acción dubitativa, oscila entre la negociación y la fuerza. Horas cruciales se escurren en diálogos fallidos: el M-19 libera a algunos rehenes –mujeres, niños, un bebé en pañales–, pero el Ejército, bajo el mando del general Alfonso Forero, ve en la paciencia una debilidad. A las 4:30 de la tarde, la orden irrevocable: asalto total.
Lo que sigue es un caos dantesco, un ballet macabro de tanques AMX-13 rugiendo contra las columnas neoclásicas del Palacio, diseñado por el arquitecto Alberto Manrique en 1910 como baluarte de la República. Helicópteros artillados sobrevuelan el cielo plomizo; francotiradores se posicionan en los techos aledaños. Dentro, los guerrilleros resisten barricados en salones llenos de expedientes centenarios. Balas silban como avispas enfurecidas; el humo de las explosiones ahoga los gritos. Un magistrado, Carlos Pizarro (no confundir con el líder M-19), intenta mediar hasta el final, pero el plomo no distingue togas de uniformes.
A las 7:00 de la noche, el horror escala: el Ejército detona cargas en los sótanos, y una chispa traicionera enciende el tapiz de la historia. El Palacio arde. Llamas voraces devoran bibliotecas con fallos que definieron naciones, retratos de presidentes que se derriten como cera. Once jueces –entre ellos, el presidente de la Corte, José Raquel Mercado– perecen en el fuego o bajo las balas; sus cuerpos, irreconocibles, se convierten en símbolos de un sistema devorado por su propia defensa. Oficialmente, 98 muertos: 11 magistrados, 34 guerrilleros, 11 soldados, el resto civiles atrapados en la encrucijada. Pero testigos y sobrevivientes hablan de más de 120, con fosas comunes y “desaparecidos” que aún duelen en las familias.
El amanecer del 7 de noviembre revela las ruinas: un esqueleto chamuscado en el corazón de la capital, custodiado por tanques como un trofeo amargo. El M-19, diezmado, pierde a sus líderes clave; Jaramillo cae abatido en el sótano, su cuerpo acribillado en circunstancias que la justicia tardaría décadas en esclarecer. Betancur, con la voz quebrada, habla de “victoria pírrica”; la nación, de luto colectivo. El “holocausto del Palacio”, como lo bautizaron los medios, no solo destruyó un edificio: pulverizó la fe en la justicia, avivó el fuego de un conflicto armado que duraría décadas y sembró semillas de verdad tardía. En 2011, la Corte Constitucional reconocería violaciones a los derechos humanos; en 2021, un monumento en la Plaza de Bolívar honraría a las víctimas, no a los héroes.
Hoy, a 40 años, Colombia mira hacia atrás con ojos entrecerrados. ¿Fue el M-19 un grupo de idealistas o terroristas? ¿El Ejército, un salvador o un verdugo? El Palacio reconstruido, inaugurado en 1998, alberga hoy fallos que citan aquel 6 de noviembre como advertencia. Pero las cicatrices persisten: en las memorias de los sobrevivientes, en los archivos quemados que nadie recuperará, en un país que, como el ave fénix, resurge de sus propias brasas. Que este aniversario no sea solo remembranza, sino un juramento: nunca más un holocausto en nombre de la ley. Porque en Colombia, la justicia no se toma por asalto; se construye, ladrillo a ladrillo, sobre las lecciones del fuego.
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