El Gobierno Nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, emitió el decreto 0858 de 2025, que introduce una reestructuración inmediata del modelo de prestación de servicios de salud en Colombia. Sin embargo, la medida ha generado fuertes críticas por parte de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que señala “grandes problemas de constitucionalidad” y la considera una implementación anticipada de la reforma a la salud aún en trámite en el Congreso.
En entrevista con Mañanas Blu, Ana María Vesga, presidenta de Acemi, explicó que el decreto modifica funciones esenciales de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), asignándolas a entidades territoriales y centros de atención primaria, lo que altera el modelo de aseguramiento establecido por leyes como la 100 y la 1438. “Un principio esencial es que lo que se hace por ley, se cambia por ley”, afirmó Vesga, destacando que un decreto, de rango inferior, no debería modificar normativas legales, lo que genera un “riesgo de inestabilidad jurídica”.
Cambios en el sistema y el rol de las EPS
El decreto establece que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) asumirá la gestión financiera, desplazando a las EPS de este rol. Aunque las EPS no desaparecen, se les asignan 24 funciones administrativas, como gestionar el riesgo en salud (sin componente financiero), articular servicios, coordinar redes integrales e integradas territoriales de salud (RIITS), y operar progresivamente como Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). Sin embargo, Vesga advierte que las EPS quedan “desprovistas de herramientas esenciales” para atender a los usuarios, rompiendo el principio de integralidad en la atención.
El modelo introduce las RIITS, redes que integran prestadores públicos, privados y mixtos, y los CAPS, que serán el punto de entrada al sistema con un enfoque preventivo y territorial. Los servicios de alta complejidad dependerán de la autorización del Gobierno a través de la Superintendencia de Salud, centralizando el control del flujo de pacientes.
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Preocupaciones financieras y falta de recursos
Acemi señala que el sistema está “más desfinanciado” bajo este modelo, ya que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) es insuficiente, con una siniestralidad superior al 110%, según la Corte Constitucional y la Contraloría. La centralización de recursos en Adres, que ahora también contratará y auditará, plantea riesgos para la gobernanza del sistema. Además, Vesga cuestiona la falta de controles claros para las entidades territoriales, que asumirán un rol protagónico en la conformación de redes y la gestión de referencias.
Riesgos y acciones legales
La presidenta de Acemi confirmó que el sector considera demandar el decreto por inconstitucionalidad, argumentando que viola la ley al cambiar funciones establecidas legalmente. Aunque el decreto contempla plazos de transición de tres meses a un año, Vesga enfatizó que “no resuelve los serios problemas de atención” y genera incertidumbre entre los actores del sistema, afectando a los usuarios.
Un modelo preventivo, pero con críticas
El Gobierno defiende el decreto como un paso hacia un modelo preventivo, predictivo y resolutivo. Sin embargo, Vesga subrayó que la prevención no es nueva en los modelos de salud y expresó preocupación porque el énfasis en el nivel primario se implementa “a costa de la atención de los enfermos”. Además, señaló la falta de trazabilidad en los recursos destinados a equipos básicos de salud, como lo destacó la Contraloría.
Con este decreto, el Gobierno avanza en la transformación del sistema de salud, pero las críticas de Acemi y la posible batalla legal podrían complicar su implementación, mientras el sector enfrenta desafíos financieros y operativos que impactan la atención de los colombianos.
–Fuente: Blu Radio-
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