Bogotá, 14 de mayo de 2025 – La Fiscalía General de la Nación ha dado un nuevo paso en las investigaciones por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al solicitar una audiencia de imputación de cargos contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). La diligencia, presentada ante el Tribunal Superior de Bogotá, busca imputarle los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
El caso, que ha sacudido al gobierno del presidente Gustavo Petro, señala a González como una figura clave en un entramado de corrupción que involucró el presunto direccionamiento de contratos millonarios y la entrega de sobornos a congresistas para garantizar apoyo político. Según las investigaciones, basadas en testimonios de exfuncionarios como Olmedo López (exdirector de la UNGRD) y Sneyder Pinilla (exsubdirector), González habría ordenado la entrega de contratos por 60.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, y 10.000 millones de pesos al presidente de la Cámara, Andrés Calle. Estos recursos, provenientes de la UNGRD, habrían sido gestionados para agilizar la aprobación de reformas legislativas del Ejecutivo.
La Fiscalía también ha revelado que, ante la urgencia de los congresistas, González y López habrían acordado entregar sumas en efectivo: 3.000 millones de pesos a Name, a través de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, y 1.000 millones de pesos a Calle, en operaciones coordinadas desde el Hotel Tequendama en Bogotá. Estos hechos, según el ente acusador, forman parte de una estructura criminal que se aprovechó de los recursos destinados a la atención de emergencias para fines políticos.
La solicitud de imputación se suma a otras acciones judiciales en el caso UNGRD, que ya ha llevado a la vinculación de figuras como Ortiz, el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y el exdirector de Función Pública César Manrique. La Fiscalía ha enfatizado que las pruebas, que incluyen documentos, audios y testimonios, respaldan las acusaciones contra González, quien también fungió como director de la Dirección Nacional de Inteligencia.
La audiencia, cuya fecha será definida por el Tribunal Superior de Bogotá, también incluirá una solicitud de medida de aseguramiento contra González. Mientras tanto, las investigaciones continúan para esclarecer el alcance total del escándalo, que involucra contratos en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar), por un valor superior a los 92.000 millones de pesos.
Este nuevo capítulo en el caso UNGRD pone en el centro del debate la transparencia en la gestión de recursos públicos y la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, en un contexto de creciente escrutinio sobre la administración Petro —Fuente: BluRadio—
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