La Fiscalía General de la Nación radicó un escrito de acusación contra cuatro personas señaladas como presuntas responsables del homicidio del coronel en retiro Élmer Fernández Velasco, quien se desempeñaba como director de la cárcel La Modelo en Bogotá. El crimen, ocurrido el 16 de mayo de 2024 en la localidad de Barrios Unidos, conmocionó a la ciudadanía y puso en evidencia los riesgos que enfrentan los funcionarios públicos en el ejercicio de sus labores.
Los acusados, identificados como Anyelo Cárdenas Cuca, Diego Alejandro Murillo Rivera, Sharon Juliet Martínez Roa y Juan David Beltrán Torres, permanecen privados de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra. Según las investigaciones lideradas por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, los cuatro individuos habrían actuado de manera coordinada para llevar a cabo el asesinato.
De acuerdo con las evidencias y los elementos materiales probatorios recopilados, Juan David Beltrán Torres sería el autor material del crimen, al haber disparado contra el coronel Fernández Velasco. Para movilizarse, habría utilizado una motocicleta conducida por Diego Alejandro Murillo Rivera. Por su parte, Sharon Juliet Martínez Roa y Anyelo Cárdenas Cuca habrían realizado labores de vigilancia en las inmediaciones de la cárcel La Modelo, detectando el momento en que la víctima salió del establecimiento en un vehículo oficial.

Según la Fiscalía, los acusados habrían seguido al coronel Fernández Velasco en una motocicleta, manteniendo comunicación constante con el sicario y proporcionándole detalles sobre la ruta, los desvíos y el destino que tomaba la víctima. Esta coordinación habría sido clave para la ejecución del crimen.
En consecuencia, la Fiscalía acusará formalmente a los cuatro implicados por los delitos de homicidio agravado, así como por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Estos cargos serán presentados en una audiencia pública que será convocada por un juez penal de conocimiento de Bogotá en los próximos días.
El caso ha generado un amplio debate sobre la seguridad de los funcionarios públicos y la necesidad de fortalecer las medidas de protección para quienes trabajan en el sistema penitenciario. Mientras tanto, la justicia avanza en la búsqueda de la verdad y la aplicación de sanciones para los responsables de este crimen que enlutó a la ciudad y al país. —Prensa Fiscalía General de la Nación —
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