Un reciente ejercicio de depuración realizado por la Delegada de Seguridad Territorial y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación reveló un hallazgo preocupante: entre los más de tres millones de procesos activos, al menos 25.000 correspondían a personas que ya habían fallecido, algunas incluso hace más de una década.
El director del CTI, Fabián Andrés Ordóñez, explicó que durante la revisión de expedientes se detectaron casos en los que las indagaciones continuaban sin que se advirtiera el fallecimiento de los implicados. “Entre el universo de indiciados e imputados que tenemos en la Fiscalía, hay miles de personas fallecidas. Se hizo un cruce con la base de datos de la Registraduría para identificar cuántos de estos casos deben cerrarse por preclusión”, señaló Ordóñez .
El problema radica en fallas en los sistemas de actualización de información judicial, lo que ha permitido que estos procesos sigan acumulando diligencias como si los investigados estuvieran vivos. Los 25.000 casos identificados incluyen denuncias, investigaciones de oficio y asignaciones especiales, lo que representa un desafío operativo para la entidad, que debe verificar diariamente el estado vital de los implicados en nuevas denuncias .
Este descubrimiento evidencia la necesidad de mejorar los mecanismos de interoperabilidad entre las entidades estatales, como la Registraduría y la Fiscalía, para evitar que situaciones similares sigan ocurriendo. La Registraduría Nacional del Estado Civil ya cuenta con un servicio en línea para consultar el estado de los documentos de identidad de personas fallecidas, lo que podría ser una herramienta clave para agilizar estos procesos .
Mientras la Fiscalía avanza en la depuración de estos casos, el hecho plantea preguntas sobre la eficiencia del sistema judicial y la importancia de modernizar los procesos de gestión de información en las instituciones públicas. La ciudadanía, por su parte, puede contribuir reportando defunciones no registradas para evitar que estos errores persistan .
Este hallazgo no solo refleja un problema administrativo, sino también un desafío para garantizar la transparencia y eficacia en el manejo de la justicia en Colombia. — El Colombiano—
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