Bogotá, 4 de junio de 2025 – El exregistrador nacional del Estado Civil y actual codirector del Partido de la U, Alexander Vega, ha generado controversia al asegurar que el Gobierno Nacional no tiene la facultad legal para convocar la Consulta Popular 1.0 mediante un decreto presidencial, calificando esta acción como “abiertamente ilegal”. Sus declaraciones responden a los recientes anuncios del presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, quienes han defendido la posibilidad de utilizar un decreto para avanzar con este mecanismo de participación ciudadana, tras el rechazo del Senado a la iniciativa.
Según Vega, la ley 1757 de 2015, que regula los mecanismos de participación ciudadana, establece claramente que se requiere un concepto favorable del Senado para que la Registraduría Nacional pueda organizar una consulta popular. “El argumento del Gobierno de que el Senado no se pronunció es irreal. Hubo un concepto desfavorable, y hasta que la Sección Quinta del Consejo de Estado no determine su validez, la Registraduría no puede expedir un calendario electoral”, afirmó Vega en diálogo con Caracol Radio.
El exregistrador advirtió que, de emitirse un decreto presidencial en estas condiciones, el presidente Petro se expondría a una denuncia por prevaricato, ya que estaría actuando en contra de los procedimientos establecidos. “No hay un limbo jurídico, como sostiene el ministro Benedetti. La ley es clara y no exime el cumplimiento de los requisitos legislativos previos”, añadió Vega, enfatizando que el actual registrador, Hernán Penagos, tendría la obligación de esperar la decisión del Consejo de Estado antes de proceder.
Por su parte, el presidente Petro ratificó su intención de convocar la consulta por decreto, argumentando que el Senado no emitió un pronunciamiento dentro del plazo de 30 días establecido por la ley, lo que, según él, habilita al Ejecutivo para actuar. En una alocución presidencial, Petro aseguró: “La Corte Constitucional tendrá en sus manos el decreto de convocatoria que haré esta semana. El único dueño del poder en Colombia es el pueblo”.
La controversia ha generado reacciones encontradas. El senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, respaldó la postura de Vega, afirmando que “la Registraduría no se va a prestar para una consulta espuria”. Otros sectores políticos han expresado su preocupación por lo que consideran una posible ruptura del orden legal si el Gobierno persiste en su intención de actuar por decreto.
El debate ahora queda en manos del Consejo de Estado, que deberá resolver si hubo irregularidades en la votación del Senado que rechazó la consulta. Mientras tanto, el país permanece atento a las implicaciones legales y políticas de esta pugna entre el Ejecutivo y las normas que regulan los mecanismos de participación ciudadana.
— Caracol Radio—
Emisora Fusaonline