En un movimiento sin precedentes que ha sacudido las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, el Departamento del Tesoro de ese país incluyó este viernes al presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la denominada Lista Clinton. Esta sanción, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), bloquea activos y prohíbe transacciones con entidades estadounidenses, acusando a los designados de contribuir a la proliferación del narcotráfico.
La decisión se produce en medio de una escalada de tensiones diplomáticas, alimentada por bombardeos estadounidenses contra presuntas “narcolanchas” en aguas colombianas, críticas de Petro al apoyo de Washington a Israel en el conflicto palestino y declaraciones del presidente Donald Trump, quien recientemente calificó a Petro como un “líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas” en Colombia. Según el comunicado oficial de la OFAC, la inclusión de Petro responde a políticas como su “paz total”, que habrían beneficiado a organizaciones narcoterroristas, llevando a “niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína” en el país.
Petro reaccionó de inmediato en su cuenta de X (antes Twitter), confirmando la medida y anunciando acciones legales: “Efectivamente, la amenaza de Bernie Moreno se cumplió: yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EE.UU. Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para acabar con él”. El senador republicano Bernie Moreno, de origen colombiano, había anticipado esta sanción el martes pasado en una entrevista con Fox News, alegando que Petro fue elegido “gracias a la ayuda de los carteles de la droga” y prometiendo acelerar investigaciones.
Benedetti, por su parte, denunció la inclusión como un “ataque injusto” en sus redes sociales: “Por haber defendido la dignidad del país y que el presidente Gustavo Petro no es un narcotraficante, me meten en la lista OFAC sin yo haberlos agredido. Esto prueba que todo imperio es injusto y que su guerra contra las drogas es una farsa armada”. Nicolás Petro, investigado en Colombia por lavado de activos, se limitó a afirmar: “Me meten injustamente”.
La Lista Clinton, oficialmente conocida como Specially Designated Narcotics Traffickers (SDNT), fue creada en 1995 durante la presidencia de Bill Clinton para combatir el lavado de dinero y el narcotráfico internacional. Su impacto es severo: congela activos en EE.UU., impide viajes y negocia con bancos globales que operan bajo regulaciones estadounidenses, y mancha la reputación de los sancionados. Expertos como Laura Lizarazo, de Control Risks, advierten que esto podría derivar en un “aislamiento diplomático” para Colombia, afectando su imagen internacional y relaciones comerciales.
Colombianos y entidades históricamente vinculados a la lista
A lo largo de los años, la SDNT ha incluido varias figuras y organizaciones colombianas por presuntos lazos con el narcotráfico. Algunos permanecen activos, mientras que otros han sido removidos tras procesos judiciales o cambios en su estatus:
- América de Cali (equipo de fútbol): Incluido en los años 90 por vínculos directos con el Cartel de Cali, liderado por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. El club fue removido en 2002 tras reformas internas y la extradición de los capos, pero su inclusión marcó un escándalo en el deporte colombiano.
- Drogas La Rebaja (cadena farmacéutica): Sancionada en la misma época por lavado de activos a favor del Cartel de Cali. La empresa, que operaba cientos de locales, fue liquidada en 1997; sus directivos enfrentaron cargos, y la lista contribuyó a su colapso total.
- Clan del Golfo: Varios cabecillas, como Dairo Antonio Úsuga (alias “Otoniel”), siguen en la lista por su rol en la producción y exportación de cocaína. Capturado en 2021, Úsuga permanece sancionado; el grupo es uno de los más activos en la actual crisis de narcotráfico.
Otros colombianos notables incluyen a exlíderes paramilitares y narcotraficantes como los hermanos Castaño Gil, removidos tras acuerdos de paz.
Figuras internacionales destacadas
La lista trasciende fronteras y ha sancionado a líderes globales por nexos con el crimen organizado:
- Hugo Armando Carvajal (alias “El Pollo”): Exjefe de inteligencia venezolano, incluido desde 2011 por narcoterrorismo. Condenado en junio de 2025 en EE.UU., sus testimonios han implicado a figuras latinoamericanas, incluyendo presuntos financiamientos a campañas políticas.
- Cartel de los Soles: Organización venezolana nacida en los 90, sancionada por traficar toneladas de cocaína con apoyo estatal. Sus presuntos líderes, como Diosdado Cabello, siguen en la lista.
- Nicolás Maduro Moros: Incluido en 2017 como “líder del narcotráfico en América Latina” por vínculos con el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua. Maduro ha recibido respaldo de Petro en el pasado, y esta sanción ha tensado aún más las relaciones regionales.
El régimen de Maduro reaccionó este viernes respaldando a Petro, calificando la medida como “una agresión imperialista”. Analistas como Eddy Acevedo, del Wilson Center, ven en esto una herramienta de presión política de la administración Trump, que podría extenderse a revocaciones de visas y mayor escrutinio en aeropuertos.
¿Cómo consultar la lista y qué sigue?
La SDNT está disponible públicamente en el sitio web del Departamento del Tesoro de EE.UU. (home.treasury.gov), donde se actualiza diariamente con búsquedas por nombre o entidad. Para removerse, los afectados deben presentar evidencia ante la OFAC demostrando ausencia de nexos ilícitos, un proceso que puede durar años.
En Colombia, la noticia ha generado reacciones cruzadas: aliados de Petro la llaman “venganza política”, mientras opositores la ven como validación de críticas internas. El impacto económico podría reverberar en el sector financiero local, con bancos ya alertando sobre revisiones de cuentas vinculadas. Mientras tanto, la crisis diplomática entre Bogotá y Washington parece lejos de resolverse, con posibles implicaciones para la cooperación en migración y seguridad regional.