En el municipio de La Plata, ubicado en el occidente del Huila, se ha denunciado una preocupante situación: las disidencias de las FARC estarían intimidando a los campesinos locales para que expulsen al Ejército Nacional de la zona. Según un reporte de Blu Radio, estas acciones forman parte de una estrategia de los grupos armados ilegales para consolidar su control territorial en una región marcada por años de conflicto armado.
La presión sobre los campesinos no es un hecho aislado. En La Plata, las disidencias habrían obligado a los habitantes a participar en protestas y bloqueos contra las fuerzas militares, una táctica que busca debilitar la presencia del Estado y afianzar el dominio de estos grupos en áreas rurales estratégicas. Fuentes locales han indicado que los grupos armados han impuesto “normas de convivencia” en veredas como Los Cauchos, San Miguel y Santa Marta, exigiendo multas millonarias a quienes no cumplan con sus órdenes.
El coronel Henry Herrera Arenas, comandante de la Novena Brigada del Ejército, ha alertado sobre estas intimidaciones, señalando que los campesinos están siendo utilizados como escudos humanos en una lucha por el poder territorial. La Plata, situada en una zona montañosa clave para el tráfico de estupefacientes provenientes del Cauca, se ha convertido en un punto crítico de enfrentamiento entre el Ejército y las disidencias.
La historia reciente de La Plata refleja la gravedad del conflicto. En julio de 2023, un enfrentamiento en la vereda Villa Esperanza dejó como saldo la muerte de una menor de tres años, un hecho que conmocionó a la comunidad y evidenció los riesgos para la población civil. Más recientemente, en diciembre de 2024, combates en la misma zona resultaron en la muerte de dos presuntas integrantes de las disidencias y la recuperación de seis menores que habían sido reclutados forzosamente.
La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas sobre la creciente influencia de la columna móvil Ismael Ruiz, parte de la estructura Dagoberto Ramos, en el Huila. Esta organización es señalada como responsable de extorsiones, homicidios y reclutamiento forzado, afectando especialmente a comunidades indígenas y campesinas. En municipios cercanos como Gigante y Garzón, más de 100.000 personas están en riesgo debido a la expansión de estos grupos.
Los habitantes de La Plata se encuentran atrapados en una situación desesperada. Por un lado, enfrentan las amenazas de las disidencias, que los obligan a actuar contra el Ejército bajo pena de represalias. Por otro, temen las consecuencias de quedar en medio de un conflicto armado que pone en peligro sus vidas y sus medios de subsistencia. La Procuraduría ha instado al alto comisionado para la Paz a tomar medidas urgentes para proteger a la población civil y garantizar su seguridad.
El Ejército ha reforzado su presencia en la zona, pero la complejidad del terreno y la influencia de las disidencias dificultan las operaciones. Las autoridades han reiterado su compromiso de proteger a los civiles y mantener el control del territorio, aunque la tensión persiste. Este caso recuerda incidentes similares en otras regiones, como Antioquia y Caquetá, donde grupos armados han utilizado a la población para obstaculizar acciones militares, generando desplazamientos y violaciones a los derechos humanos.
La situación en La Plata pone de manifiesto los desafíos que enfrenta Colombia para consolidar la paz en sus zonas rurales. La presión de las disidencias sobre los campesinos no solo amenaza la seguridad de la región, sino que también subraya la necesidad de una respuesta que vaya más allá de lo militar. Abordar las causas estructurales del conflicto, como la pobreza y la falta de oportunidades, será clave para evitar que los habitantes de La Plata sigan siendo víctimas de esta lucha por el poder.
Mientras las autoridades trabajan para restaurar el orden, la población civil sigue esperando soluciones que les permitan vivir sin miedo, en una región donde la paz sigue siendo un objetivo esquivo. —Blu Radio—
Emisora Fusaonline