El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) enfrenta una creciente polémica tras denuncias de funcionarios que aseguran haber sido presionados para asistir a marchas organizadas por el Ejecutivo. Según reportes, empleados fueron convocados bajo advertencias sobre su estabilidad laboral y se les instó a portar camisetas en apoyo a la consulta ciudadana promovida por el presidente Gustavo Petro.
Una funcionaria, cuya identidad se mantiene en reserva, relató al diario El Colombiano que su superior le dijo: “¿Qué quiere? Es eso o ir a buscar trabajo”, al negarse a participar en una manifestación. Este testimonio refleja el ambiente de tensión dentro del Dapre, donde también se han reportado despidos y cambios contractuales abruptos que afectan tanto a personal de planta como a contratistas.
Además, se han producido desvinculaciones de cerca de 30 funcionarios, muchos con años de servicio en diferentes gobiernos. Algunos fueron solicitados a renunciar voluntariamente con la promesa de recontratación, pero con condiciones salariales reducidas. Otros procesos de reingreso están pendientes de estudios de seguridad sin claridad sobre los criterios aplicados .
La situación ha generado divisiones internas, especialmente tras la salida de Laura Sarabia, exdirectora del Dapre, y el ascenso de nuevos directivos percibidos como cercanos a figuras políticas como Armando Benedetti y el ministro Jaramillo. Estas tensiones también han afectado la relación con la Cancillería, evidenciada por la renuncia del vicecanciller Daniel Ávila debido a dificultades logísticas atribuidas al Dapre.
La manifestación del primero de mayo, donde el presidente Petro hizo una fuerte carga simbólica, también evidenció cambios en el círculo presidencial, con la ausencia de figuras clave como la primera dama Verónica Alcocer y la vicepresidenta Francia Márquez.
Estas denuncias plantean preocupaciones sobre el uso de recursos públicos y la presión a empleados estatales para participar en actividades políticas, lo que podría contravenir principios constitucionales de neutralidad y libertad de expresión. — Infobae—
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