La Defensoría del Pueblo instó al Ministerio de Justicia y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) a declarar una emergencia carcelaria debido a la ola de atentados contra guardianes penitenciarios. En una carta enviada este jueves 9 de octubre de 2025 al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y al director del INPEC, Daniel Gutiérrez, la entidad propuso una hoja de ruta con medidas urgentes para garantizar la seguridad del personal penitenciario.
La solicitud responde a una serie de ataques violentos contra funcionarios del INPEC, que han generado alarma en el país. Entre los incidentes destaca el atentado del 3 de octubre frente a la cárcel La Modelo en Bogotá, donde un guardia murió y tres resultaron heridos durante un cambio de turno. Días después, se reportaron ataques similares en Armenia y Palmira, lo que intensificó las alertas institucionales.
Medidas propuestas por la Defensoría
La Defensoría del Pueblo planteó una serie de acciones concretas para enfrentar la crisis:
- Diseñar una “ruta integral de protección” para los servidores penitenciarios bajo amenaza.
- Activar mecanismos de alerta temprana y canales seguros de denuncia.
- Establecer un puesto de mando unificado para coordinar acciones interinstitucionales.
- Reducir el hacinamiento carcelario mediante estrategias jurídicas.
- Brindar apoyo psicosocial y jurídico a las familias de los funcionarios afectados.
Además, la entidad sugirió evaluar la declaratoria de emergencia carcelaria conforme al Código Carcelario, para agilizar la implementación de medidas de protección. Entre las recomendaciones específicas están la creación de rutas seguras para los relevos de turno, el fortalecimiento de la seguridad perimetral en las cárceles, protocolos para traslados de personal y reclusos, y acompañamiento a quienes enfrenten amenazas.
Contexto de los ataques
Los atentados contra los guardianes del INPEC han encendido las alarmas tanto en el Estado como en los sindicatos del sector. Tras los hechos, el Gobierno nacional condenó los ataques y anunció medidas como operativos intensificados en centros penitenciarios, inspecciones simultáneas en varias cárceles y la suspensión temporal de visitas en establecimientos de alta seguridad como medida preventiva.
La Fiscalía General de la Nación adelanta investigaciones para esclarecer los hechos, mientras las autoridades mantienen acciones coordinadas para proteger al personal penitenciario. La Defensoría enfatizó la necesidad de una respuesta interinstitucional que involucre al Ministerio de Justicia, el INPEC, el Ministerio de Defensa y los organismos de inteligencia, para garantizar la seguridad de los servidores dentro y fuera de las cárceles.
Un llamado urgente
La propuesta de la Defensoría busca no solo responder a la crisis actual, sino también prevenir futuros ataques. La entidad subrayó la importancia de actuar con celeridad ante la gravedad y la recurrencia de los incidentes, que han evidenciado la vulnerabilidad del personal penitenciario en momentos clave como los relevos de turno y los traslados.
Con esta hoja de ruta, la Defensoría espera que se fortalezcan las medidas de seguridad y se proteja la vida de quienes trabajan en el sistema carcelario, en un contexto de creciente violencia contra los funcionarios del INPEC.
-Fuente: Semana-
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