Bogotá, 10 de octubre de 2025 – La Defensoría del Pueblo emitió una alerta urgente sobre la grave situación humanitaria que enfrentan las comunidades de Bajo Calima, en el Valle del Cauca, y el Sur de Bolívar, en el Magdalena Medio, debido al control ejercido por grupos armados ilegales. La población civil, atrapada en medio de enfrentamientos, sufre confinamiento, desplazamientos forzados y violaciones a sus derechos fundamentales, lo que requiere una acción inmediata del Estado para garantizar su protección.
Bajo Calima: comunidades bajo asedio
En el Bajo Calima, la disputa territorial entre las disidencias de las FARC lideradas por alias ‘Iván Mordisco’, el ELN y el Clan del Golfo ha sumido a las comunidades afrodescendientes e indígenas en una crisis de confinamiento prolongado. Según la Defensoría, 516 familias, aproximadamente 1.419 personas, especialmente en la comunidad de La Colonia del Consejo Comunitario del Bajo Calima, enfrentan restricciones severas a su movilidad y acceso a necesidades básicas como alimentos y atención médica.
Los grupos armados han perpetrado asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, reclutamiento forzado y actos de violencia sexual. Además, utilizan drones para ataques indiscriminados y ocupan viviendas civiles, consolidando su control territorial mediante patrullajes intimidatorios. A pesar de que estas comunidades han sido reconocidas como víctimas, la respuesta humanitaria del Estado ha sido insuficiente, dejando a las familias en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Sur de Bolívar: violencia descontrolada
En el Sur de Bolívar, particularmente en la Serranía de San Lucas, la situación no es menos alarmante. La confrontación entre el Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia), el ELN y las disidencias de alias ‘Calarcá’ ha generado 27 emergencias humanitarias en lo corrido de 2025. Estas incluyen 15 desplazamientos masivos y 12 confinamientos, afectando a más de 24.000 personas.
La Defensoría denuncia que los grupos armados usan a la población como escudo humano, coartan la autonomía de las Juntas de Acción Comunal y restringen la movilidad de las comunidades, violando los principios del Derecho Internacional Humanitario. La presencia estatal en la región es mínima, lo que agrava la crisis y perpetúa las condiciones de inseguridad.
Llamado a la acción
Ante la magnitud de la crisis, la Defensoría del Pueblo instó al Estado colombiano a implementar medidas urgentes para proteger la vida, la integridad y la dignidad de las comunidades afectadas. Entre las prioridades están la activación de mecanismos de respuesta humanitaria, el fortalecimiento de la presencia institucional en los territorios y la garantía de un retorno seguro para las personas desplazadas.
La Defensoría enfatizó que la ausencia de una intervención efectiva perpetúa la vulneración de los derechos humanos y agrava el sufrimiento de miles de personas que resisten en medio de la guerra.
-Fuente: Caracol Radio-
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