Washington D.C., 19 de abril de 2025 – La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo el sábado que ordena al gobierno del presidente Donald Trump suspender temporalmente las deportaciones de migrantes venezolanos acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, realizadas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. La decisión, de carácter breve y no firmada, prohíbe al gobierno expulsar a los detenidos hasta que se emita una nueva orden, en respuesta a una solicitud urgente presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).
El pasado mes, Trump invocó esta antigua legislación, diseñada para tiempos de guerra, con el objetivo de arrestar y deportar a presuntos miembros de la banda venezolana a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Sin embargo, la medida ha generado controversia por su falta de debido proceso, ya que los migrantes no han tenido la oportunidad de impugnar su expulsión. La ACLU, en representación de los afectados, solicitó a la Corte Suprema intervenir tras reportar que algunos detenidos ya habían sido trasladados a autobuses para su deportación.
La orden de la Corte Suprema establece que “se prohíbe al gobierno expulsar de Estados Unidos a cualquier miembro de la presunta clase de detenidos hasta nueva orden de este Tribunal”. Esta decisión responde a las preocupaciones sobre el cumplimiento de los derechos legales de los migrantes, especialmente el acceso al hábeas corpus, que les permite cuestionar la legalidad de su detención. Abogados de la ACLU han solicitado que los migrantes reciban un plazo de 30 días para presentar sus apelaciones, argumentando que las deportaciones rápidas violan los principios del debido proceso.
El fallo plantea un nuevo desafío para la administración Trump, que ha defendido el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para agilizar la expulsión de personas consideradas una amenaza, sin necesidad de presentar pruebas contundentes de su vinculación con actividades criminales. La legislación, utilizada históricamente en conflictos como la Segunda Guerra Mundial, otorga al presidente amplios poderes para detener y deportar a extranjeros en situaciones de guerra declarada o invasión, un contexto que los críticos consideran inaplicable al caso actual.
Organizaciones de derechos humanos han advertido que las deportaciones masivas bajo esta ley podrían derivar en errores graves, como el caso de Kilmar Abrego García, un migrante deportado por error a El Salvador y que, según reportes, ha quedado “traumatizado” tras su paso por una prisión salvadoreña. Este incidente ha intensificado el escrutinio sobre las políticas migratorias de Trump, que prometió durante su campaña ejecutar la “mayor deportación de la historia”.
El enfrentamiento entre la administración Trump y el poder judicial podría escalar, ya que el caso plantea interrogantes sobre los límites del poder ejecutivo y el respeto al estado de derecho. Mientras tanto, la Corte Suprema no ha abordado la constitucionalidad del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, dejando abierta la posibilidad de futuros litigios en tribunales inferiores. Por ahora, los migrantes detenidos en Texas y otros estados permanecerán en el país hasta que se resuelva el proceso legal.—El País—
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