La Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió este miércoles una orden de captura contra los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, por su presunta participación en un escándalo de corrupción vinculado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Ambos congresistas son investigados por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y cohecho impropio, tras supuestamente haber recibido sobornos para apoyar las reformas legislativas del gobierno del presidente Gustavo Petro.
La decisión judicial se basa en testimonios clave, incluyendo las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, quienes confesaron haber entregado millonarios sobornos. Según las pruebas, Name habría recibido 3.000 millones de pesos a través de la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, mientras que Calle habría recibido 1.000 millones directamente de Pinilla en su residencia en Montería. Estos pagos, según la Fiscalía, provenían de contratos con sobrecostos, como el de la compra de 40 carrotanques destinados a llevar agua a La Guajira, que actualmente están fuera de servicio.
La captura de Name fue ejecutada por la Policía hacia las 4 de la tarde de este miércoles, mientras que un operativo se desarrollaba en la vivienda de Calle. La Corte Suprema, bajo la instrucción del magistrado Francisco Farfán, ha recopilado evidencia que incluye chats, registros de viajes y testimonios que apuntan a una red de corrupción orquestada desde altas esferas, involucrando a exfuncionarios del gobierno y congresistas.
El presidente Petro reaccionó en su cuenta de X, negando que Name hubiera apoyado sus iniciativas legislativas y acusándolo de sabotear la reforma pensional. Por su parte, el senador Ariel Ávila y la representante Catherine Juvinao, ambos del Partido Verde, condenaron la actuación de Name y Ortiz, exigiendo su expulsión del partido. La defensa de Calle, a través de un comunicado, afirmó que el congresista acatará la orden de captura, aunque insiste en su inocencia y compromiso con esclarecer los hechos.
Este escándalo, considerado uno de los más graves del actual gobierno, ha salpicado a múltiples figuras políticas, incluyendo exministros y congresistas de la Comisión de Crédito Público. La Corte Suprema continúa con inspecciones a oficinas del Congreso y del Ministerio de Hacienda, en busca de pruebas que esclarezcan el alcance de la trama corrupta. La ciudadanía, especialmente en La Guajira, espera justicia ante el desvío de recursos que debían atender emergencias y necesidades básicas.
La investigación sigue en curso, y se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre este caso que sacude los cimientos del legislativo colombiano.—El País —
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