El Juzgado 6 Penal del Circuito Especializado de Antioquia sentenció a siete exdirectivos de la multinacional estadounidense Chiquita Brands International a 11 años y 3 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado, debido a su vinculación con el financiamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 1997 y 2004. La decisión judicial, emitida a pocos meses de que el caso prescribiera, incluye una multa de 13.879 millones de pesos y órdenes de captura inmediata, negando beneficios como prisión domiciliaria o suspensión condicional de la pena.
Los condenados son Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo González, José Luis Valverde Ramírez, Víctor Julio Buitrago Sandoval y Fuad Alberto Giacoman Hasbún. El juez destacó la gravedad del delito, señalando que “la financiación de grupos armados no es un delito común, sino un ataque indirecto al Estado y la paz social”, ya que los recursos prolongaron la capacidad operativa de las AUC y aumentaron el riesgo de más crímenes.
El fallo también criticó la actuación de la Fiscalía, calificándola de “sumisa, superficial y carente de rigor”, lo que vulneró los derechos de las víctimas y los principios de eficacia y buena fe en la función pública.
Antecedentes del caso
Chiquita Brands, dedicada a la producción y distribución de banano, fue señalada por entregar más de 1,7 millones de dólares a tres bloques de las AUC para obtener “seguridad privada” en sus operaciones en Colombia. Aunque la empresa argumentó que los pagos buscaban proteger a sus trabajadores de extorsiones, la justicia estadounidense y colombiana determinaron que la compañía conocía los crímenes cometidos por los paramilitares. En 2024, un jurado en Florida, Estados Unidos, encontró a Chiquita culpable en un proceso civil, ordenando indemnizar a las víctimas y destacando la responsabilidad corporativa en violaciones de derechos humanos.
El caso se sustentó en 17 años de litigio, investigaciones periodísticas de Ignacio Gómez desde los años 90 y documentos desclasificados del National Security Archive (NSA), que evidenciaron pagos a través de las Convivir, según el trabajo del periodista Michael Evans. Andrés Celis, exinvestigador de la Comisión de la Verdad, calificó el veredicto como “un triunfo de las víctimas y su persistencia por la verdad y la memoria”.
Impacto y relevancia
La sentencia envía un mensaje contundente sobre la responsabilidad de las empresas en el conflicto armado colombiano y refuerza la importancia de la justicia transicional para las víctimas. La Corte Federal del Distrito Sur de Florida también determinó que Chiquita proporcionó “asistencia sustancial” a las AUC, incluyendo dinero y otras formas de apoyo, lo que contribuyó a perpetuar la violencia paramilitar.
Este fallo histórico marca un precedente en la lucha contra la impunidad en casos de complicidad corporativa con grupos armados y subraya el papel de las víctimas y la prensa en la búsqueda de justicia.
-Fuentes: Juzgado 6 Penal del Circuito Especializado de Antioquia, Corte Federal del Distrito Sur de Florida, National Security Archive, investigaciones de Ignacio Gómez y Michael Evans.-
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