El Consejo Nacional Electoral (CNE) presentará este miércoles una ponencia final que concluye que la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 superó los topes de gastos electorales en más de 3.500 millones de pesos, tanto en la primera como en la segunda vuelta. La investigación, liderada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada durante más de dos años, propone sanciones económicas contra los partidos Colombia Humana y Pacto Histórico, así como contra directivos de la campaña, incluyendo a Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol.
Sanciones económicas y multas millonarias
La ponencia no contempla sanciones políticas, como la pérdida de personería jurídica de los partidos, pero sí incluye sanciones económicas significativas. Estas obligarían a la devolución de recursos y al pago de multas que, en el caso de Ricardo Roa, podrían superar los 4.000 millones de pesos. Otros directivos de la campaña también enfrentan sanciones, según la información revelada por Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, en el programa Mañanas Blu.
Votación clave en el CNE
La decisión final recae en la Sala Plena del CNE, compuesta por ocho magistrados. Fuentes indican que la votación estaría dividida, con cinco magistrados a favor de aprobar la ponencia (Álvaro Hernán Prada, Benjamín Ortiz, Alfonso Campo, Cristian Quirós y Maritza Martínez) y tres en contra (Altus Vaquero, Álvaro Echeverri y Fabiola Márquez, esta última cercana al Pacto Histórico).
Exclusión de Petro por fallo de la Corte Constitucional
El presidente Gustavo Petro fue excluido de la investigación del CNE tras un fallo de la Corte Constitucional en julio, que determinó que, por su fuero presidencial, cualquier indagación en su contra debe ser competencia exclusiva de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Por ello, la ponencia no incluye acciones directas contra el mandatario, aunque un proceso independiente ya está en curso en dicha comisión.
Embargos y otros frentes judiciales
Paralelamente, la empresa SADI, que proporcionó un avión para la campaña, embargó bienes de Ricardo Roa y Guillermo Alfonso Jaramillo por deudas relacionadas con servicios de transporte aéreo. Este caso se suma a las controversias financieras que rodean la campaña.
Un precedente en la fiscalización electoral
De aprobarse la ponencia, esta sería la primera sanción formal contra la campaña Petro Presidente 2022 por irregularidades en el financiamiento electoral. La decisión del CNE podría sentar un precedente clave en la vigilancia de los recursos utilizados en campañas políticas en Colombia, reforzando los controles sobre el cumplimiento de los topes establecidos por la ley.
—Fuente: Blu Radio, 26 de agosto de 2025.—
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