Bogotá, 31 de marzo de 2025 — En un fallo que cierra un proceso judicial de más de una década, el exdirector de Función Pública César Manrique Soacha fue condenado a 10 años de prisión por su responsabilidad en irregularidades durante la compra de 100 motocicletas eléctricas para la Policía Metropolitana de Bogotá, cuando se desempeñaba como gerente encargado del Fondo de Vigilancia en la alcaldía de Gustavo Petro (2012).
Los delitos y la sentencia
El juez lo declaró culpable de interés indebido en la celebración de contratos y de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, al direccionar la adjudicación “a dedo” a la empresa Norbaum Technologies S.A., sin licitación pública y en su último día en el cargo . El contrato, valorado en $4.347 millones, presentó sobrecostos injustificados de $1.011 millones, según informes técnicos de la Fiscalía. Cada moto costó $43 millones, incluyendo accesorios como maleteros y un kit de carga que, según la Contraloría, nunca fue instalado .
Aunque fue absuelto del delito de peculado por apropiación, el juez destacó que Manrique, abogado de formación, actuó con “planificación clara” para beneficiar a una marca específica, violando principios de transparencia y generando un detrimento patrimonial al Distrito . Además de la prisión, deberá pagar una multa de 88 salarios mínimos y estará inhabilitado por 107 meses para ejercer cargos públicos .
- Falta de necesidad: Las motos no eran requeridas por la Policía, y el contrato se firmó sin justificación técnica .
- Pruebas “empíricas”: Los informes de evaluación fueron elaborados sin protocolos científicos y con observaciones subjetivas .
- Inoperatividad: Las motos, almacenadas en una bodega en Soacha, quedaron inútiles por falta de mantenimiento y fallas estructurales .
El caso estuvo marcado por dilaciones procesales, incluido un intento de Manrique de aprovechar su fuero constitucional como director de Función Pública en el gobierno Petro, lo que el juez calificó de “maniobra dilatoria”. Tras su renuncia por su vínculo al escándalo de la UNGRD, el proceso retornó a la jurisdicción ordinaria.
La Fiscalía, la Procuraduría y la defensa anunciaron recursos de apelación, por lo que el fallo será revisado por el Tribunal Superior de Bogotá .
Este caso refleja patrones de corrupción en contratación pública, con sobrecostos y direccionamiento, además de exponer la vulnerabilidad de los controles en entidades distritales. Manrique, ya señalado en el escándalo de la UNGRD, acumula ahora una condena que podría definir su futuro jurídico y político — Revista Semana.—
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