San Salvador, 14 de mayo de 2025 – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este martes que enviará a la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, un proyecto de Ley de Agentes Extranjeros que impondrá un impuesto del 30% sobre las donaciones recibidas por organizaciones no gubernamentales (ONG). La iniciativa surge un día después de una protesta de más de 300 familias del cantón El Triunfo, en Santa Tecla, cerca de la residencia del mandatario, quienes exigían intervención gubernamental para evitar un desalojo ordenado por un tribunal.
Las familias, agrupadas en la cooperativa El Bosque, aseguran habitar el terreno desde 1985 y enfrentan un desalojo por no poder pagar una deuda de más de 800,000 dólares, originada tras la pérdida de cultivos por una plaga en 1998. El caso, judicializado desde 2008, culminó con un fallo a favor del acreedor. Bukele sostiene que la protesta fue “manipulada” por “grupos de izquierda y ONG globalistas” con el objetivo de atacar a su gobierno, citando la presencia de medios coordinados, transporte organizado y pancartas profesionales como evidencia.
El proyecto de ley, según Bukele, usará los fondos recaudados del impuesto para saldar la deuda de la cooperativa, permitiendo a las familias permanecer en sus hogares. Sin embargo, no detalló otros aspectos de la normativa ni el destino de los fondos tras pagar la deuda. Esta no es la primera vez que Bukele impulsa una ley similar; en 2021, propuso un impuesto del 40% sobre fondos extranjeros para ONG, pero la iniciativa no prosperó por presión internacional.
La propuesta ha generado críticas de organismos de derechos humanos. Human Rights Watch (HRW) comparó la iniciativa con leyes similares en Nicaragua, Venezuela y Rusia, acusándola de buscar “atacar” a ONG y medios independientes. Amnistía Internacional condenó la detención de líderes comunitarios durante la protesta, exigiendo su liberación y respeto al derecho a la manifestación pacífica.
La represión de la protesta, que incluyó la intervención de la Policía Militar, ha avivado el debate sobre las libertades civiles en El Salvador. Organizaciones como Transparencia Internacional han advertido que este tipo de leyes podrían restringir el trabajo de la sociedad civil y limitar la libertad de expresión.
CNN ha solicitado más detalles a la Presidencia de El Salvador sobre la propuesta, pero aún espera respuesta. Mientras tanto, la comunidad internacional y defensores de derechos humanos observan con preocupación el impacto que esta ley podría tener en el espacio democrático del país. —CNÑ—
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