San Salvador, 21 de abril de 2025 – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, propuso este domingo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, un intercambio humanitario que contempla la repatriación de 252 venezolanos deportados desde Estados Unidos y detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel de máxima seguridad en El Salvador, a cambio de la liberación de igual número de presos políticos en Venezuela. La iniciativa, anunciada a través de la red social X, ha generado una fuerte controversia internacional, con reacciones encontradas desde Caracas y críticas de organismos de derechos humanos.
En su mensaje, Bukele aseguró que los venezolanos bajo custodia en El Salvador fueron detenidos en el marco de una operación contra pandillas, como el Tren de Aragua, en Estados Unidos. “A diferencia de nuestros detenidos, muchos de los cuales han asesinado, cometido violaciones o habían sido arrestados en múltiples ocasiones antes de ser deportados, sus presos políticos no han cometido ningún delito. La única razón por la que están encarcelados es por haberse opuesto a usted y a sus fraudes electorales”, escribió Bukele, dirigiéndose directamente a Maduro.
Entre los presos políticos cuya liberación solicita Bukele se encuentran figuras destacadas como Rafael Tudares, yerno del líder opositor exiliado Edmundo González; el periodista Roland Carreño; la abogada y activista Rocío San Miguel; y Corina Parisca de Machado, madre de la opositora María Corina Machado, quien, según Bukele, enfrenta hostigamiento constante y sabotajes en servicios básicos. También incluyó a cuatro dirigentes asilados en la embajada de Argentina en Caracas y a casi 50 ciudadanos de otras nacionalidades, entre ellas estadounidense, argentina, mexicana y española.
La propuesta surge en un contexto de colaboración entre el gobierno de Bukele y la administración de Donald Trump, que ha deportado a 288 personas a El Salvador en poco más de un mes, 252 de ellas venezolanas, bajo acusaciones de pertenecer a grupos criminales. Estas deportaciones, realizadas en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, han sido cuestionadas por la falta de pruebas públicas que vinculen a los deportados con actividades delictivas. Un análisis de Bloomberg reveló que el 90 % de los detenidos en el Cecot no tienen antecedentes penales en Estados Unidos.
Caracas rechazó la oferta de Bukele de manera contundente. El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, calificó la propuesta de “cínica” y acusó a Bukele de mantener a los venezolanos en condiciones de “desaparición forzada” en el Cecot, un centro penitenciario señalado por organizaciones como Human Rights Watch por violaciones masivas a los derechos humanos. Saab exigió la liberación inmediata de los migrantes y solicitó una lista completa con sus identificaciones, estatus judicial y reportes médicos.
Maduro, por su parte, había denunciado previamente las deportaciones como un “secuestro” y negó que los migrantes sean delincuentes, afirmando que no han tenido acceso a abogados ni a un debido proceso. En un acto televisado, el mandatario venezolano cuestionó la falta de pruebas y de órdenes judiciales que justifiquen las detenciones.
Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por las condiciones en el Cecot, donde los deportados permanecen aislados, sin contacto regular con sus familias ni acceso garantizado a defensa legal. La ONG venezolana Provea advirtió que los migrantes enfrentan un “destino jurídico incierto” en un sistema carcelario criticado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador, que incluye un pago de 6 millones de dólares al gobierno salvadoreño por recibir a los deportados, ha intensificado el escrutinio internacional sobre Bukele. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, instó al presidente a no convertir a El Salvador en una “prisión internacional”.
Bukele anunció que la Cancillería salvadoreña enviará una propuesta formal a Venezuela, aunque no especificó plazos ni detalles sobre la ejecución del intercambio. Mientras tanto, la Corte Suprema de Estados Unidos suspendió temporalmente nuevas deportaciones de venezolanos desde Texas, tras cuestionar la legalidad de las expulsiones masivas.
La iniciativa de Bukele, que se presenta como un gesto humanitario, ha reavivado el debate sobre la crisis migratoria, los derechos humanos y las tensiones políticas en la región, colocando a El Salvador en el centro de una controversia global.—El Pais—
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